La indemnización por responsabilidad civil derivada de daños personales (físicos, psíquicos o morales) es exenta en IRPF conforme al artículo 7.d) LIRPF, siempre que su cuantía esté legal o judicialmente reconocida. Se entiende por cuantía judicialmente reconocida no solo la fijada por sentencia, sino también las derivadas de actos de conciliación, allanamiento, transacción o desistimiento con intervención judicial. La exención ampara exclusivamente la cuantía legalmente determinada o judicialmente fijada; el exceso resulta gravado.
Hechos
Como consecuencia de una lesión infligida por una tercera persona en diciembre de 2016, la consultante se encuentra en situación de incapacidad temporal. Como reparación de los daños sufridos, la consultante percibe mediante acuerdo extrajudicial de 31 de marzo de 2017 una indemnización de la causante del daño de 25.000,00€, importe cuantificado aplicando el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.
Cuestión planteada
Consideración de la indemnización como renta exenta en el IRPF.
Contestación
De lo reseñado en el escrito de consulta cabe entender que la indemnización percibida se corresponde con la obligación de reparar el daño causado que se impone a quien lo produce (responsabilidad civil). Por tanto, el hecho de tratarse de una indemnización por responsabilidad civil nos lleva al artículo 7:d) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), donde se establece lo siguiente:
“Las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, en la cuantía legal o judicialmente reconocida.
Igualmente estarán exentas las indemnizaciones por idéntico tipo de daños derivadas de contratos de seguro de accidentes, salvo aquellos cuyas primas hubieran podido reducir la base imponible o ser consideradas gasto deducible por aplicación de la regla 1.ª del apartado 2 del artículo 30 de esta Ley, hasta la cuantía que resulte de aplicar, para el daño sufrido, el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, incorporado como anexo en el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre”.
Conforme con la configuración legal de la exención, para que las indemnizaciones por responsabilidad civil tengan la consideración de renta exenta es necesario que se correspondan con daños personales, es decir, daños físicos, psíquicos o morales, y que su cuantía se encuentre legal o judicialmente reconocida.
Respecto a la cuantía legal cabe señalar que tal circunstancia se produce cuando una norma determine la cuantía de la indemnización, amparando la exención esta cuantía, estando sujeto y no exento el exceso que pudiera percibirse.
Por lo que se refiere a la cuantía judicialmente reconocida, este Centro Directivo considera comprendidas en tal expresión dos supuestos:
a) Cuantificación fijada por un juez o tribunal mediante resolución judicial.
b) Fórmulas intermedias. Con esta expresión se hace referencia a aquellos casos en los que existe una aproximación voluntaria en las posturas de las partes en conflicto, siempre que haya algún tipo de intervención judicial. A título de ejemplo, se pueden citar los siguientes: acto de conciliación judicial, allanamiento, renuncia, desistimiento y transacción judicial.
Dicho lo anterior, en relación con el caso consultado cabe afirmar que la indemnización percibida se corresponde con daños personales, cumpliéndose así el primero de los requisitos.
Ahora bien, respecto al segundo de los requisitos (cuantía legal o judicialmente reconocida), procede señalar que el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, incorporado como anexo en el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre —sustituido actualmente por el Anexo de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (BOE del día 23)—, no resulta operativo en este supuesto, pues no se trata de un accidente de circulación ni de un seguro de accidentes, no tratándose tampoco de una cuantía determinada judicialmente en los términos antes señalados.
Por tanto, procede concluir que la exención del artículo 7:d) de la Ley del Impuesto no resulta aplicable.
Lo que comunico a usted con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del día 18).
Referencia normativa
Ley 35/2006. Art. 7