La aplicación de los beneficios fiscales del IRPF para aportaciones al patrimonio protegido de personas con discapacidad requiere formalización mediante documento público autorizado por notario o resolución judicial, tanto en la constitución inicial como en las aportaciones posteriores, conforme a lo establecido en la Ley 41/2003. Esta exigencia formal es condición sine qua non para acceder a la deducción, con independencia de la naturaleza de los bienes o derechos aportados.
Hechos
La consultante desea realizar aportaciones al patrimonio protegido de una persona con discapacidad.
Cuestión planteada
Si a efectos de la aplicación de los beneficios fiscales establecidos en la normativa del IRPF para las aportaciones al patrimonio protegido, es necesario que éstas consten en escritura pública.
Contestación
La aplicación de los beneficios fiscales previstos en la normativa del IRPF para las aportaciones realizadas al patrimonio protegido de la persona con discapacidad requiere, además del cumplimiento de los requisitos fiscales establecidos en la normativa del IRPF (entre los cuales se encuentran los límites relativos a la disposición de aportaciones establecidos en el artículo 54 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de la leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio -BOE de 29 de noviembre-), que no se analizan, al no referirse la consulta a dichos requisitos, que las aportaciones realizadas a favor de la persona con discapacidad se efectúen con los requisitos y de acuerdo con el procedimiento que, para la constitución del patrimonio protegido de la persona con discapacidad y para las aportaciones efectuadas a dicho patrimonio, establece la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad (BOE de 19 de noviembre), cuyo artículo 3, entre otros requisitos, exige su constitución en documento público autorizado por notario, o bien mediante resolución judicial.
Por su parte, el artículo 4.1 de la citada Ley establece que “Las aportaciones de bienes y derechos posteriores a la constitución del patrimonio protegido estarán sujetas a las mismas formalidades establecidas en el artículo anterior para su constitución.”
En definitiva, para poder aplicar los beneficios fiscales recogidos en la normativa del IRPF para los patrimonios protegidos de personas con discapacidad, las aportaciones realizadas con posterioridad a la constitución del patrimonio deben realizarse mediante documento público autorizado por notario, o bien mediante resolución judicial, sea cual sea la naturaleza de los bienes o derechos aportados a dicho patrimonio.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Referencia normativa
LIRPF, Ley 35/2006. Artículo 54.