Las costas condenadas en un procedimiento judicial derivado del ejercicio de actividad económica constituyen gasto deducible en la determinación del rendimiento neto conforme a las normas del IS (art. 28.1 LIRPF), siempre que el pago se realice en el período impositivo en que la sentencia sea firme o, en su caso, en que se liquide la condena (criterio de devengo). No se aplica la exclusión de pérdidas patrimoniales del art. 33.5.b) LIRPF (gastos de consumo) por tratarse de gastos directamente vinculados al desempeño de la actividad, no de aplicación de renta al consumo.
Hechos
La consultante, farmacéutica en estimación directa normal, adquirió su oficina de farmacia mediante escritura de compraventa de 27 de diciembre de 2018. Por entender que se ha producido vicio de consentimiento en el contrato, presenta demanda judicial contra la parte vendedora solicitando "que se declare que los demandados han incumplido el contrato de compraventa, al no poner a disposición de la demandante todos los datos sobre la clientela y su facturación en la compraventa del negocio farmacéutico del que eran titulares, produciendo en la compradora error en su consentimiento al recibir una cosa distinta de la que creía haber adquirido y causándole unos daños y perjuicios. Y que se condene a los demandados, solidariamente, a abonarle la cantidad de 430.863,92€", demanda que es desestimada por sentencia de 2 de diciembre de 2024 con imposición de costas a la consultante.
Cuestión planteada
Incidencia en la tributación del IRPF del importe correspondiente a las costas.
Contestación
El apartado 1 del artículo 33 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio establece que “son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que por esta Ley se califiquen como rendimientos”.
Conforme con esta definición, este centro viene manteniendo el criterio que en el ámbito particular de un contribuyente, al margen del ejercicio de cualquier actividad económica, la condena al pago de las costas procesales de un procedimiento judicial encuentra acomodo en esta definición de ganancias y pérdidas patrimoniales, dando lugar a la existencia de una pérdida para el contribuyente obligado —por sentencia judicial— al pago de los gastos de defensa jurídica en que ha incurrido la parte vencedora en el proceso, pérdida que queda al margen de lo dispuesto en el apartado 5 del mismo artículo 33, apartado que en su letra b) excluye del cómputo como pérdidas patrimoniales “las debidas al consumo”, pues queda claro que el pago de las costas procesales de la parte vencedora en un procedimiento judicial no se corresponde con un gasto de aplicación de renta al consumo del contribuyente.
Ahora, bien, en el presente caso, la condena en costas no se produce en el ámbito particular de la consultante, sino en el ejercicio de la actividad económica, pues aquella deriva de una sentencia de una demanda interpuesta en el desarrollo de esa misma actividad, por lo que su incidencia en la tributación del IRPF se produce desde su consideración como gasto de la actividad, pues la determinación del rendimiento neto se realiza (según se indica en el escrito de consulta) por el método de estimación directa.
El cálculo del rendimiento neto de actividades económicas se recoge en el artículo 28.1 de la Ley 35/2006, artículo que realiza una remisión genérica a las normas del Impuesto sobre Sociedades disponiendo que “el rendimiento neto de las actividades económicas se determinará según las normas del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de las reglas especiales contenidas en este artículo, en el artículo 30 de esta Ley para la estimación directa, y en el artículo 31 de esta Ley para la estimación objetiva”.
A su vez, a la imputación temporal de los rendimientos de actividades económicas se refiere el artículo 14.1.b) de la Ley 35/2006 estableciendo que “los rendimientos de actividades económicas se imputarán conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de las especialidades que reglamentariamente puedan establecerse”.
Las remisiones anteriores nos llevan al artículo 11 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que en su apartado 1 establece que “los ingresos y gastos derivados de las transacciones o hechos económicos se imputarán al período impositivo en que se produzca su devengo, con arreglo a la normativa contable, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro, respetando la debida correlación entre unos y otros”.
Lo que comunico a usted con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Referencia normativa
Ley 35/2006, art. 28