La operación de canje mediante la cual una persona física transmite participaciones (99,80% en A y 100% en B) a una sociedad H de nueva creación, recibiendo a cambio participaciones en H, se ajusta a la definición de canje de valores del artículo 83.5 TRLIS. Resulta aplicable el régimen fiscal especial del capítulo VIII del título VII TRLIS, condicionado al cumplimiento de los requisitos del artículo 87.1 TRLIS (residencia del socio en UE o Estado con entidades españolas; residencia de H en España o ámbito Directiva 90/434/CEE) y al análisis de los supuestos de exclusión del artículo 96.2 TRLIS.
Hechos
La consultante es una persona física, residente en España, que participa en un 99,80% en el capital social de una sociedad A y en el 100% en otra sociedad B, ambas sociedades residentes en España, plenamente operativas y con resultados positivos. Ninguna de las sociedades participadas cuenta con créditos fiscales pendientes de aplicación.
En la actualidad, la consultante se está planteando llevar a cabo un canje de valores mediante el cual aportará todas sus participaciones en las sociedades A y B a una sociedad holding de nueva creación recibiendo, en contraprestación, acciones de la nueva sociedad.
Dicha operación se llevaría a cabo con la finalidad de racionalizar la gestión del grupo; mejorar la planificación y la toma de decisiones; lograr una mayor capacidad de endeudamiento y un acceso más fácil al crédito, así como con la finalidad de establecer una estructura societaria que favorezca la capacidad comercial y de negociación con terceros y mejore la imagen del grupo frente a terceros y favorezca la adquisición de participaciones en nuevas sociedades que permitan la entrada en nuevas áreas de negocio o fortalezcan las ya existentes.
Cuestión planteada
Se plantea si la operación de canje planteada podría acogerse al régimen fiscal especial regulado en el capítulo VIII del título VII del TRLIS.
Contestación
El capítulo VIII del título VII del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (en adelante TRLIS), aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, regula el régimen especial de las operaciones de fusión, escisión, aportación de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea.
En particular, el artículo 83.5 del TRLIS define el canje de valores como “la operación por la cual una entidad adquiere una participación en el capital social de otra que le permite obtener la mayoría de los derechos de voto en ella o, si ya dispone de dicha mayoría, adquirir una mayor participación, mediante la atribución a los socios, a cambio de sus valores, de otros representativos del capital social de la primera entidad y, en su caso, de una compensación en dinero que no exceda del 10 por ciento del valor nominal o, a falta de valor nominal, de un valor equivalente al nominal de dichos valores deducido de su contabilidad”.
A su vez, el artículo 87.1 del TRLIS condiciona la aplicación del régimen fiscal del canje de valores al cumplimiento de dos requisitos:
“a) Que los socios que realicen el canje de valores residan en territorio español o en el de algún otro Estado miembro de la Unión Europea o en el de cualquier otro Estado siempre que, en este último caso, los valores recibidos sean representativos del capital social de una entidad residente en España.
(…)
b) Que la entidad que adquiera los valores sea residente en territorio español o esté comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 90/434/CEE.”
De acuerdo con los hechos descritos en el escrito de consulta, se va a llevar a cabo una operación de canje mediante el cual la persona física consultante transmitirá a una sociedad H de nueva creación sus participaciones (99,80% y 100%) en el capital social de las sociedades A y B, respectivamente, recibiendo, en contraprestación, participaciones en el capital de H.
Por tanto, en la medida en que, en virtud de la operación de canje planteada, la sociedad H adquiera la mayoría de los derechos de voto, tanto de la sociedad A como de la sociedad B, las operaciones de canje descritas quedarían comprendidas entre las aludidas en el artículo 83.5 del TRLIS y les resultaría de aplicación el régimen especial previsto en el capítulo VIII del título VII del TRLIS, en las condiciones y con los requisitos establecidos en dicha normativa.
Por último, la aplicación del régimen especial exige analizar el artículo 96.2 del TRLIS, según el cual:
“2. No se aplicará el régimen establecido en el presente capítulo cuando la operación realizada tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal. En particular, el régimen no se aplicará cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la reestructuración o la racionalización de las actividades, sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal”.
Este precepto recoge de forma expresa la razón de ser del régimen especial de las operaciones de fusión, escisión, aportación de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro, que justifica que a las mismas les sea de aplicación dicho régimen en lugar del régimen general establecido para esas mismas operaciones en el artículo 15 del TRLIS. El fundamento del régimen especial reside en que la fiscalidad no debe ser un freno ni un estímulo en las tomas de decisiones de las empresas sobre operaciones de reorganización, cuando la causa que impulsa su realización se sustenta en motivos económicos válidos, en cuyo caso la fiscalidad quiere tener un papel neutral en esas operaciones.
Por el contrario, cuando la causa que motiva la realización de las operaciones es meramente fiscal, esto es, su finalidad es conseguir una ventaja fiscal al margen de cualquier razón económica diferente, no es de aplicación el régimen especial.
En el escrito de consulta se indica que las operaciones de canje proyectadas se llevarían a cabo con la finalidad de racionalizar la gestión del grupo; mejorar la planificación y la toma de decisiones; lograr una mayor capacidad de endeudamiento y un acceso más fácil al crédito, así como con la finalidad de establecer una estructura societaria que favorezca la capacidad comercial y de negociación con terceros, mejore la imagen del grupo frente a terceros y favorezca la adquisición de participaciones en nuevas sociedades que permitan la entrada en nuevas áreas de negocio o fortalezcan las ya existentes. Dichos motivos pueden considerarse económicamente válidos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 96.2 del TRLIS.
La presente contestación se realiza conforme a la información proporcionada por la consultante, sin tener en cuenta otras circunstancias no mencionadas y que pudieran tener relevancia en la determinación del propósito principal de la operación proyectada, de tal modo que podrían alterar el juicio de la misma, lo que podrá ser objeto de comprobación administrativa, a la vista de la totalidad de las circunstancias previas, simultáneas y posteriores concurrentes en la operación realizada.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Referencia normativa
TRLIS RDLeg 4/2004 arts. 83-5, 87 y 96-2