Los rendimientos de arrendamiento de inmuebles urbanos están sujetos a retención por IRPF conforme al artículo 75 RIRPF, siendo obligado a retener quien satisfaga la renta (personas jurídicas, entidades, contribuyentes que ejercen actividades económicas). Existen tres excepciones: arrendamiento de vivienda por empresas a empleados, rentas inferiores a 900 euros anuales, y arrendadores profesionales del grupo 861 IAE que cuota cero. La operatividad de la retención requiere identificar al sujeto pasivo obligado a practicarla en el momento de la satisfacción de la renta.
Hechos
El consultante es propietario de un despacho profesional, parte del cual va a ceder en arrendamiento a una persona física para la realización de su actividad profesional. El arrendamiento comprenderá no solo el uso del inmueble, sino también de los servicios de electricidad, Internet, impresora, limpieza, etc. La contraprestación será variable, fijada en un porcentaje sobre los ingresos del profesional.
Cuestión planteada
Sometimiento a retención.
Contestación
En desarrollo del artículo 99 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), el artículo 75 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE de 31 de marzo), determina cuales son las rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta, incluyendo entre las mismas, independientemente de su calificación:
“Los rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos.
A estos efectos, las referencias al arrendamiento se entenderán realizadas también al subarrendamiento”.
El sometimiento genérico a retención de estos rendimientos se ve complementado por lo dispuesto en la letra g) del apartado 3 del mismo precepto reglamentario, que excepciona de la obligación de practicar retención o ingreso a cuenta los siguientes supuestos:
“1º. Cuando se trate de arrendamiento de vivienda por empresas para sus empleados.
2º. Cuando las rentas satisfechas por el arrendatario a un mismo arrendador no superen los 900 euros anuales.
3º. Cuando la actividad del arrendador esté clasificada en alguno de los epígrafes del grupo 861 de la Sección Primera de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, o en algún otro epígrafe que faculte para la actividad de arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos, y aplicando al valor catastral de los inmuebles destinados al arrendamiento o subarrendamiento las reglas para determinar la cuota establecida en los epígrafes del citado grupo 861, no hubiese resultado cuota cero.
A estos efectos, el arrendador deberá acreditar frente al arrendatario el cumplimiento del citado requisito, en los términos que establezca el Ministro de Economía y Hacienda.”
Ahora bien, para que este sometimiento a retención de los rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos resulte operativo, se hace necesaria la existencia de un obligado a retener que satisfaga los rendimientos, lo que nos lleva al artículo 76.1 del mismo Reglamento, donde se establece lo siguiente:
“Con carácter general, estarán obligados a retener o ingresar a cuenta, en cuanto satisfagan rentas sometidas a esta obligación:
a) Las personas jurídicas y demás entidades, incluidas las comunidades de propietarios y las entidades en régimen de atribución de rentas.
b) Los contribuyentes que ejerzan actividades económicas, cuando satisfagan rentas en el ejercicio de sus actividades.
(...).”
Por tanto, si el contrato de arrendamiento se limitara a arrendar una parte del despacho, repercutiendo al arrendatario parte del gasto correspondiente a los servicios de electricidad, internet, impresora, limpieza, etc., dado que el arrendatario sería una persona obligada a retener y satisfaría rentas en el ejercicio de su actividad económica, las derivadas del arrendamiento de parte del local de negocio que afecta al ejercicio de dicha actividad, existiría la obligación por parte de aquel de practicar la correspondiente retención sobre las rentas que satisfaga al arrendador, salvo que resultase aplicable alguno de los supuestos de exoneración del artículo 75.3.g) del Reglamento del Impuesto.
En cambio, si se tratase de un contrato mixto de arrendamiento de inmuebles y de servicios que tenga por finalidad dotar al arrendatario de la infraestructura necesaria (material y personal) para que éste pueda desarrollar su actividad, yendo más allá del simple arrendamiento de inmuebles, se encontraría fuera del ámbito del artículo 75.2,a) del Reglamento del Impuesto, por lo que los rendimientos que se satisfagan no estarán sometidos a retención.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Referencia normativa
Ley 35/2006, Art. 99; RIRPF RD 439/2007, Arts. 75 y 76