Para determinar la obligación de declarar respecto a rendimientos del trabajo en 2011, la existencia de múltiples pagadores reduce el límite exento de 22.000 a 11.200 euros, salvo que las cantidades del segundo y restantes pagadores no superen conjuntamente 1.500 euros anuales, en cuyo caso se mantiene el límite de 22.000 euros. La obligación de declarar existe cuando se supera el umbral aplicable según el número de pagadores y el importe percibido de cada uno.
Hechos
El consultante ha percibido en 2011 sus rendimientos del trabajo de tres instituciones distintas: la Agencia Andaluza del Agua (de 1 de enero a 30 de abril), la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (de 1 de mayo a 21 de octubre) y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (de 22 de octubre a 31 de diciembre). Tal circunstancia es consecuencia de la extinción de la Agencia e integración de su personal en la Consejería de Medio Ambiente y de la posterior integración del mismo en la Administración del Estado.
Cuestión planteada
Existencia de uno o más pagadores, a los efectos de determinar la obligación de declarar por los rendimientos del trabajo percibidos en 2011 de las citadas instituciones.
Contestación
La regulación de la obligación de declarar aparece recogida en el artículo 96 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), donde se establece lo siguiente:
“1. Los contribuyentes estarán obligados a presentar y suscribir declaración por este Impuesto, con los límites y condiciones que reglamentariamente se establezcan.
2. No obstante, no tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes, en tributación individual o conjunta:
a) Rendimientos íntegros del trabajo, con el límite de 22.000 euros anuales.
b) Rendimientos íntegros del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidos a retención o ingreso a cuenta, con el límite conjunto de 1.600 euros anuales.
c) Rentas inmobiliarias imputadas en virtud del artículo 85 de esta ley, rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención derivados de letras del Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales.
En ningún caso tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan exclusivamente rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de actividades económicas, así como ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales y pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500 euros.
3. El límite a que se refiere el párrafo a) del apartado 2 anterior será de 11.200 euros para los contribuyentes que perciban rendimientos íntegros del trabajo en los siguientes supuestos:
a) Cuando procedan de más de un pagador. No obstante, el límite será de 22.000 euros anuales en los siguientes supuestos:
1.º Si la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, por orden de cuantía, no supera en su conjunto la cantidad de 1.500 euros anuales.
2.º Cuando se trate de contribuyentes cuyos únicos rendimientos del trabajo consistan en las prestaciones pasivas a que se refiere el artículo 17.2.a) de esta Ley y la determinación del tipo de retención aplicable se hubiera realizado de acuerdo con el procedimiento especial que reglamentariamente se establezca.
b) Cuando se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos diferentes de las previstas en el artículo 7 de esta Ley.
c) Cuando el pagador de los rendimientos del trabajo no esté obligado a retener de acuerdo con lo previsto reglamentariamente.
d) Cuando se perciban rendimientos íntegros del trabajo sujetos a tipo fijo de retención.
(…)”.
Como aclaración de la procedencia de los rendimientos del trabajo de más de un pagador, procede señalar que tal circunstancia viene determinada por la existencia de dos o más pagadores distintos (con personalidad jurídica propia).
Tanto la Ley del Impuesto (artículo 99.2) como el Reglamento del Impuesto (artículo 76.1) al establecer quiénes están obligados a retener o ingresar a cuenta incluyen en primer lugar a “las personas jurídicas y demás entidades”, siendo este supuesto el que determina la obligación de practicar retención o ingreso a cuenta en el supuesto de las Administraciones Públicas.
Tal obligación se establece en relación con las propias personas jurídicas o entidades y no con respecto a los empleados, unidades administrativas... que pudieran gestionar los pagos que aquellas realizan.
Para determinar —en el ámbito de las Administraciones Públicas— cuándo interviene un solo pagador o varios pagadores, se hace necesario acudir a la personalidad jurídica del órgano o entidad pagadora. Ello comporta distinguir entre:
- La Administración General del Estado.
- Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
- Las entidades que integran la Administración Local.
- Las entidades, entes u organismos que tengan personalidad jurídica propia y estén vinculadas o sean dependientes de los anteriores.
Conforme a lo expuesto, en el caso analizado nos encontraríamos en principio con tres pagadores distintos: la Agencia Andaluza del Agua (organismo autónomo con personalidad jurídica propia, tal como establece el artículo 48 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras), la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (organismo autónomo con personalidad jurídica propia dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente).
Ahora bien, esta multiplicidad de pagadores no puede ser ajena a su propio origen: en primer lugar, la extinción de la Agencia Andaluza del Agua y la integración de su personal en la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía y Decreto 105/2011, de 19 de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente), en segundo lugar, la integración en la Administración del Estado de los medios personales traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Real decreto 1666/2008, integración efectuada en ejecución de la sentencia por el Real Decreto 1498/2011, de 21 de octubre.
Visto lo anterior, las integraciones de personal realizadas en aplicación de la referida normativa nos llevan a concluir que no procede considerar la existencia de más de un pagador de rendimientos del trabajo respecto a los percibidos por el personal afectado, a efectos de determinar la obligación de presentar la declaración del IRPF correspondiente al período impositivo 2011.
Lo que comunico a usted con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del día 18).
Referencia normativa
Ley 35/2006, Art. 96