Las pensiones de jubilación percibidas del régimen público de Seguridad Social —incluso cuando derivan de un colectivo que fue integrado en el Régimen General en 1992 tras la extinción de una mutualidad sustitutoria— constituyen rendimientos del trabajo conforme al artículo 17.2.a).1ª de la LIRPF, sin aplicación de la disposición transitoria segunda (que únicamente atiende a prestaciones de mutualidades privadas de previsión social con aportaciones anteriores a 1999 objeto de minoración tributaria). La integración en Seguridad Social no genera tratamiento diferenciado ni aplicación de la regla del 75% por falta de acreditación de aportaciones.
Hechos
El consultante ingresó en Telefónica en 1978 y causó alta en la Mutualidad denominada Institución Telefónica de Previsión (en adelante ITP), entidad sustitutoria y complementaria del Régimen General de la Seguridad Social.
En 1992 se integraron en el Régimen General de la Seguridad Social los colectivos de activos y pasivos que venían percibiendo a través de la ITP prestaciones sustitutorias de las que otorgaba la Seguridad Social y se procede a la disolución de la ITP. Desde esa fecha, el personal activo cotiza a la Seguridad Social por todas las contingencias.
Actualmente, el consultante está jubilado y es pensionista de la Seguridad Social percibiendo de dicha entidad la pensión de jubilación.
Cuestión planteada
Aplicación del régimen transitorio previsto en la disposición transitoria segunda de la Ley 35/2006 a las cantidades que percibe de la Seguridad Social (pensión de jubilación).
Contestación
El artículo 17.2.a).1ª de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BOE de 29 de noviembre) dispone que, en todo caso, tendrán la consideración de rendimientos del trabajo:
“1ª. Las pensiones y haberes pasivos percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas y demás prestaciones públicas por situaciones de incapacidad, jubilación, accidente, enfermedad, viudedad, o similares, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de esta Ley.”
Por su parte, la disposición transitoria segunda de la Ley 35/2006 establece:
“Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio aplicable a las mutualidades de previsión social.
1. Las prestaciones por jubilación e invalidez derivadas de contratos de seguro concertados con mutualidades de previsión social cuyas aportaciones, realizadas con anterioridad a 1 de enero de 1999, hayan sido objeto de minoración al menos en parte en la base imponible, deberán integrarse en la base imponible del impuesto en concepto de rendimientos del trabajo.
2. La integración se hará en la medida en que la cuantía percibida exceda de las aportaciones realizadas a la mutualidad que no hayan podido ser objeto de reducción o minoración en la base imponible del impuesto de acuerdo con la legislación vigente en cada momento y, por tanto, hayan tributado previamente.
3. Si no pudiera acreditarse la cuantía de las aportaciones que no hayan podido ser objeto de reducción o minoración en la base imponible, se integrará el 75 por ciento de las prestaciones por jubilación o invalidez percibidas.”
En el presente caso se trata de una pensión de jubilación del régimen público de la Seguridad Social, abonada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y percibida por un pensionista perteneciente al colectivo que fue objeto de integración en el Régimen General de la Seguridad Social por todas las contingencias desde el 1 de enero de 1992, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 2248/1985, de 20 de noviembre, sobre integración en la Seguridad Social de las Entidades que actúan como sustitutorias de aquélla.
El citado Real Decreto 2248/1985 en su artículo único regula la integración en la Seguridad Social en la forma y condiciones siguientes:
“Primera.- El personal activo de los colectivos que se integren cotizara a la Seguridad Social, a partir de la fecha de efectos de la correspondiente integración, por todas las contingencias en la forma y condiciones establecidas para el correspondiente Régimen de la Seguridad Social.
Segunda.- La Entidad Gestora competente, en la cuantía, términos y condiciones que resulten de aplicar las normas de la Seguridad Social vigentes en el momento del correspondiente hecho causante, asumirá las prestaciones económicas de carácter periódico que, comprendidas en la acción protectora de la Seguridad Social, vinieran percibiendo quienes se encuentren incluidos en los colectivos que se integran. A tales efectos, se computarán como cotizados los periodos de prestación de servicios o asimilados por los que hubiere sido exigible la cotización obligatoria a la Seguridad Social.
(…)
Tercera.- Los períodos por los que hubiere sido exigible la cotización a la Seguridad Social respecto de quienes se encuentren comprendidos en el presente Real Decreto, se considerarán, a efectos del reconocimiento del derecho de prestaciones futuras, como cotizadas al Régimen de la Seguridad Social en el que se integren.
(…)”
De lo anterior se deriva que respecto del personal incluido en ITP e integrado en la Seguridad Social no puede entenderse producida una subrogación de la Seguridad Social en la posición de ITP más allá del cómputo de los períodos cotizados, dado que tanto las obligaciones de cotizar como las prestaciones periódicas a percibir pasan a regirse por las normas propias de la Seguridad Social.
En cuanto a la posible aplicación del régimen transitorio previsto en la disposición transitoria segunda de la Ley 35/2006, debe señalarse que, de acuerdo con el criterio de este Centro Directivo contenido en diversas consultas tales como V0459-04, V1031-05 y V1006-13, aun cuando el perceptor de las prestaciones hubiera cotizado previamente a una mutualidad de previsión social, este régimen transitorio no resultaría aplicable si dichas prestaciones no son satisfechas por mutualidades de previsión social.
De acuerdo con lo expuesto, dado que las cantidades percibidas por el consultante tienen la naturaleza de pensión de jubilación de la Seguridad Social y que no existe disposición alguna que ampare la aplicación a dichas prestaciones del régimen tributario propio de las prestaciones satisfechas por mutualidades de previsión social, debe concluirse que no resulta aplicable el régimen transitorio establecido exclusivamente para mutualidades de previsión social y regulado en la citada disposición transitoria segunda de la Ley 35/2006.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Referencia normativa
Ley 35/2006 art. 17-2-a-1, DT 2