Las comisiones pagadas periódicamente por servicios de depósito y administración de valores negociables son deducibles del rendimiento neto del capital mobiliario conforme al artículo 26.1.a) LIRPF, siempre que correspondan a funciones de administración estática y conservativa del patrimonio (custodia, cobro de rendimientos, mantenimiento de derechos) y no constituyan contraprestación de gestión discrecional e individualizada de carteras que implique disposición activa de las inversiones por mandato del cliente.
Hechos
La consultante tiene contratado con un banco un servicio de gestión de carteras de inversión, en virtud del cual el banco invierte, por cuenta del cliente, el dinero aportado en diferentes instituciones de inversión colectiva, seleccionadas en cada momento por dicha entidad, dentro de unos objetivos y con arreglo a nivel de riesgo previamente señalados por el cliente.
Por la prestación de dicho servicio el banco cobra semestralmente a la consultante una comisión sobre efectivo, consistente en un porcentaje sobre el valor en cada período de la cartera gestionada, y anualmente una comisión sobre la revalorización que haya tenido la cartera en el año.
Cuestión planteada
Dado que las referidas comisiones se pagan periódicamente, sin que, por tanto, vayan implícitas en el resultado que se obtenga cuando se liquide la cartera, se pregunta si pueden considerarse gasto deducible del rendimiento del capital mobiliario en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del correspondiente período.
Contestación
El artículo 26 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante LIRPF), relativo a la determinación de los rendimientos netos del capital mobiliario, dispone en su apartado 1 lo siguiente:
“1. Para la determinación del rendimiento neto, se deducirán de los rendimientos íntegros exclusivamente los gastos siguientes:
a) Los gastos de administración y depósito de valores negociables. A estos efectos, se considerarán como gastos de administración y depósito aquellos importes que repercutan las empresas de servicios de inversión, entidades de crédito u otras entidades financieras que, de acuerdo con la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, tengan por finalidad retribuir la prestación derivada de la realización por cuenta de sus titulares del servicio de depósito de valores representados en forma de títulos o de la administración de valores representados en anotaciones en cuenta.
No serán deducibles las cuantías que supongan la contraprestación de una gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión, en donde se produzca una disposición de las inversiones efectuadas por cuenta de los titulares con arreglo a los mandatos conferidos por éstos.
(…)”.
Al respecto, el artículo 141 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, (BOE de 24 de octubre), que ha sustituido a la Ley 24/1988, regula los servicios auxiliares a los servicios de inversión, incluyendo entre aquellos: “a) La custodia y administración por cuenta de clientes de los instrumentos previstos en el artículo 2”, artículo, éste último citado, en el que se comprenden los valores negociables, entre los que se encuentran las acciones o participaciones en instituciones de inversión colectiva.
Por otra parte, este Centro Directivo, en contestación a consulta, número 0538-98, de 3 de abril de 1998, sobre delimitación de los gastos de administración y custodia, ha señalado la caracterización de estos servicios como una “administración estática y conservativa del patrimonio…, cuyo objeto sería el mantenimiento del patrimonio, realizando para ello las funciones previstas en los artículo 303 a 310, ambos inclusive, del Código de Comercio, relativos a los contratos de depósito mercantil.”
En relación con dichas funciones el artículo 308 del Código de Comercio dispone que “los depositarios de títulos, valores, efectos o documentos que devenguen intereses quedan obligados a realizar el cobro de estos en las épocas de sus vencimientos, así como también a practicar cuantos actos sean necesarios para que los efectos depositados conserven el valor y los derechos que les correspondan con arreglo a las disposiciones legales”.
Asimismo, con arreglo a dicha contestación 0538-98, tendrían cabida en el concepto de gastos de administración y custodia (o depósito) de valores negociables, únicamente, aquellos gastos o comisiones de naturaleza directa exigidos por las entidades por las funciones desarrolladas y conexas con las de depósito mercantil.
Por tanto, en la medida en que las comisiones a las que se refiere el escrito de consulta tienen por objeto remunerar a las entidades financieras por la realización de una gestión activa tendente a conseguir una revalorización de la cartera mediante la selección y la ejecución, en su caso, de actos de disposición sobre las instituciones de inversión colectiva que en cada momento decida la entidad, sobre la base de unos objetivos y un perfil de riesgo previamente definido por la consultante, tal actividad no puede considerarse como una mera administración y depósito de valores, por lo que dichos pagos no se encontrarán incluidos en los gastos de administración y depósito a que se refiere el primer párrafo de la letra a) del artículo 26.1 de la LIRPF.
Adicionalmente, el último párrafo de dicho artículo 26.1.a) prevé expresamente la no deducibilidad de las cantidades que sean contraprestación de una gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión, en donde se produzca una disposición de las inversiones realizadas por cuenta de los titulares con arreglo a los mandatos conferidos por éstos.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, las referidas comisiones semestral y anual que satisface la consultante al banco por la gestión de la cartera de inversión no tienen la consideración de gasto deducible del rendimiento del capital mobiliario, por lo que no podrán ser objeto de deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Con independencia de lo anterior, respecto de la cuantificación de la ganancia o la pérdida patrimonial que pudiera obtenerse por el reembolso o transmisión de participaciones o acciones en instituciones de inversión colectiva que integran la cartera, sin perjuicio de la posible aplicación, en su caso, del régimen de diferimiento por reinversión regulado en el artículo 94 de la LIRPF, conforme al artículo 35 de dicha Ley para determinar los correspondientes valores de adquisición y de transmisión se computarán los “gastos y tributos inherentes” a las respectivas operaciones, satisfechos por el titular, con exclusión de los intereses.
Por gastos inherentes a la adquisición o transmisión debe entenderse aquellos que tengan un nexo claro y preciso con la correspondiente operación, circunstancia que no concurre en las referidas comisiones, ya que representan para la consultante un gasto que ha de abonar periódicamente como contraprestación de un servicio de gestión, el cual se vincula al valor global de la cartera o al incremento de dicho valor alcanzado en un período determinado independientemente de las operaciones realizadas.
En consecuencia dichas comisiones tampoco podrán tomarse en cuenta a los efectos de cuantificar las ganancias o pérdidas patrimoniales que resulten de las transmisiones o reembolsos de las participaciones o acciones en las instituciones de inversión colectiva que integren la cartera.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Referencia normativa
Ley 35/2006 arts. 26-1, 35-1, 35-2