La modificación extrajudicial del convenio regulador para equiparar la pensión de alimentos de ambas hijas carece de eficacia fiscal sin homologación judicial conforme al artículo 775 LEC. A efectos de IRPF, el pagador debe consignar la cuantía original del convenio regulador revalorizada anualmente por IPC, sin posibilidad de deducción en su base imponible (artículo 55 LIRPF), quedando la cantidad tributaria íntegra en el obligado al pago hasta que se dicte resolución judicial que modifique las medidas.
Hechos
El consultante está divorciado legalmente, y en el convenio regulador correspondiente se establece una pensión de alimentos para su hija de 15 años de 300 euros al mes, y para su hija mayor de 21 años de 450 euros al mes, debido a que esta última está en la Universidad y reside fuera de casa. Han pasado tres años, y ahora su hija menor ya tienen 18 años, y también va a la Universidad con residencia fuera de casa.
Cuestión planteada
Dado que los dos progenitores están de acuerdo, si es posible equiparar la hija pequeña a su hermana mayor a efectos de pensión de alimentos, sin necesidad de solicitar en el juzgado una modificación del convenio regulador.
Contestación
Como cuestión de principio debe señalarse que el artículo 90 del Código Civil en relación a los convenios reguladores a que se refieren los artículos 81 (propuesta de separación de ambos cónyuges), y 86 (solicitud de divorcio por ambos cónyuges), exige ineludiblemente que tales convenios que acompañan a las propuestas de separación o solicitudes de divorcio sean aprobados por el Juez.
Por su parte, el artículo 775 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, referente a modificación de medidas definitivas convenidas por los cónyuges o de las adoptadas en defecto de acuerdo, faculta a los cónyuges a solicitar del tribunal la modificación de las indicadas medidas definitivas siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas, petición que, conforme a dicho precepto se tramitarán de acuerdo a lo previsto en los artículos 770, 773 y 777, según el caso, de la mencionada Ley de Enjuiciamiento Civil.
Quiere decirse con ello, que sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1091 del Código Civil, donde se establece que “las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse a tenor de los mismos”, toda modificación que se efectúe por las partes, en el presente caso de los acuerdos contemplados en un convenio regulador en caso de divorcio, y que no fueran tramitadas con arreglo a los procedimientos especiales que regula la Ley de Enjuiciamiento Civil, carece de validez frente a terceros, es decir, en el presente caso, ante cualquier oficina pública y, nunca sería reclamable judicialmente el incumplimiento, en su caso, de lo nuevamente convenido por ellos que sólo a ellos afecta.
En definitiva, ante la ausencia de resolución judicial (homologación) de las modificaciones habidas en el convenio regulador suscrito por las partes hace tres años, se considera que a efectos fiscales no tienen eficacia en lo que se refiere a la consignación de las anualidades por alimentos, de tal forma que en relación a las anualidades por alimentos a favor de los hijos, y dando por sentado que se trata de cantidades que tributan en el obligado a pagarlas, sin posibilidad de reducir su base imponible (artículo 55 de la Ley del Impuesto), debe señalarse que tal tributación se efectuará consignando la cuantía que figura en el convenio regulador que se suscribió en su día, y sucesivas revisiones de la misma en cada año en función del incremento que experimente el Índice de Precios al Consumo, con respecto al periodo anual anterior.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Referencia normativa
LIRPF. Ley 35/2006, Arts. 64 y 75.