La indemnización por invalidez permanente total derivada de contrato de seguro colectivo de accidentes laboral suscrito por el empresario está amparada por la exención del artículo 7.d) LIRPF, aplicable a indemnizaciones por daños personales en contratos de seguro, siempre que no supere la cuantía resultante de aplicar el baremo de la Ley 35/2015 (actualmente en vigor) para valoración de daños en accidentes de circulación, sistema que se extiende analógicamente a otros tipos de accidentes.
Hechos
El consultante a resultas de un accidente laboral sufrido en 2016 ha sido declarado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social afecto a la situación de incapacidad permanente total. Ha recibido en el año 2018 una indemnización de 40.000 euros del seguro de accidentes previsto en convenio colectivo.
Cuestión planteada
Si resulta aplicable la exención del artículo 7.d) de la Ley del Impuesto.
Contestación
Con carácter general, la determinación de las rentas exentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se recoge en el artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), incluyendo entre las mismas -en su párrafo d)- las siguientes:
“Las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, en la cuantía legal o judicialmente reconocida.
Igualmente estarán exentas las indemnizaciones por idéntico tipo de daños derivadas de contratos de seguro de accidentes, salvo aquellos cuyas primas hubieran podido reducir la base imponible o ser consideradas gasto deducible por aplicación de la regla 1.ª del apartado 2 del artículo 30 de esta Ley, hasta la cuantía que resulte de aplicar, para el daño sufrido, el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, incorporado como anexo en el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.”
En el presente caso, la indemnización no deriva de la obligación de reparar el daño causado (responsabilidad civil) que pudiera corresponder al empresario como causante del mismo, sino que deriva de un contrato de seguro colectivo de accidentes suscrito por sus empleados, seguro que en este caso cubre con 30.000,00 euros la contingencia de invalidez permanente total por accidente laboral, según la documentación que se acompaña al escrito de consulta.
En consecuencia, a dicha indemnización le ampara la exención prevista en el artículo 7.d) de la Ley del Impuesto, hasta el importe que resulte de aplicar, para el daño sufrido, el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, incorporado como anexo en el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, sustituido actualmente por el Anexo de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (BOE del día 23).
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Referencia normativa
LIRPF. Ley 35/2006. Art. 7-d)