La consultante acredita un grado de discapacidad igual o superior al 33 % a efectos de aplicación del mínimo personal y familiar en IRPF conforme al artículo 72.1 del RD 439/2007, por ser pensionista de la Seguridad Social con pensión de incapacidad permanente total reconocida, lo que genera presunción legal de discapacidad del 33 % sin necesidad de certificado administrativo adicional, aunque no alcanza la presunción del 65 % reservada para incapacidad declarada judicialmente.
Hechos
La consultante percibe una pensión como jubilada por incapacidad permanente absoluta.
En 2006, se le reconoce, por la Administración Pública competente en esta materia, un grado de discapacidad del 39 por ciento.
Cuestión planteada
En base a estas circunstancias, grado de discapacidad que tiene reconocido a los efectos de aplicación del mínimo personal.
Contestación
La acreditación de la condición de persona con discapacidad se encuentra regulada en el artículo 72.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE del día 31), que dispone lo siguiente:
“1. A los efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, tendrán la consideración de persona con discapacidad aquellos contribuyentes con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento.
El grado de minusvalía deberá acreditarse mediante certificado o resolución expedido por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales o el órgano competente de las Comunidades Autónomas. En particular, se considerará acreditado un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento en el caso de los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez y en el caso de los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Igualmente, se considerará acreditado un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento, cuando se trate de personas cuya incapacidad sea declarada judicialmente, aunque no alcance dicho grado.”.
De acuerdo con lo previsto en el precepto anterior, se considerará acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento en el caso de los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez y en el caso de los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Igualmente, se considerará acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento, cuando se trate de personas cuya incapacidad sea declarada judicialmente, aunque no alcance dicho grado.
Por tanto, la consultante, conforme a la información suministrada, tiene acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, dado que la pensión por incapacidad permanente que percibe no acredita un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Referencia normativa
RIRPF RD 439/2007, art. 72.1.